1.Presentación

El “Reporte Regional sobre Políticas y Libertades en el Uso del Cifrado en América Latina” buscará abordar el estado de las políticas públicas y privadas, así como el nivel de libertad en el uso de las tecnologías del cifrado en América Latina. Esto implica la articulación y convocatoria de diferentes relatorías en países estratégicos de la región, incluyendo activistas, periodistas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el contexto de las nuevas tecnologías, así como académicos e investigadores como especialistas necesarios para la construcción de un panorama contemporáneo sobre el estado de las leyes y decisiones judiciales relacionadas con el tema, así como hechos políticos y contextos de interés cuyo reporte es necesario para la composición del mosaico pretendido.

2. Metas

Con la publicación se pretende exponer los diferentes riesgos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial por el uso y desarrollo de tecnologías con encriptación en la región. Asimismo, se pretende mapear el estado de las libertades sobre el uso del cifrado en la región y ofrecer un termómetro sobre el ejercicio de los derechos relacionados con el uso pleno del cifrado, tales como la libertad de expresión, opinión, expresión y asociación, privacidad, seguridad y protección de datos. Con ello, el objetivo es ofrecer insumos necesarios para acciones de incidencia sobre situaciones que alertan sobre restricciones al uso civil del cifrado, así como incentivar nuevas investigaciones sobre el tema con perspectiva latinoamericana.

Adicionalmente, la elaboración de los reportes que valoran un perfil de buenas prácticas en la protección legal del cifrado, así como en el uso y desarrollo de software y dispositivos con características criptográficas por y para comunidades de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos también pretenden Incidir positivamente en los hacedores de políticas públicas y sectores de la sociedad civil para iniciar y/o fortalecer acciones que incentiven la apropiación de soluciones criptográficas en la región. Como resultado, el proyecto pretende crear un precedente documental de utilidad pública que refleje el estado de la garantía de los derechos humanos en relación con el uso del cifrado en América Latina.

3. Cómo unirse a esta llamada

Los posibles puntos de partida para los reportes se enumeran en el Apéndice. La propuesta, que debe estar escrita en portugués o español, debe ser enviada antes del 12 de octubre de 2022 al relatorioregional@ip.rec.br y incluir las siguientes informaciones (no más de 500 palabras):

1. Nombre(s), organización(es), si corresponde, y país;
2. Dirección(es) de correo electrónico: incluya una dirección de correo electrónico para cada coautor;
3. Esquema del asunto o tema que abordará el reporte nacional, incluyendo cómo pretende lograr los resultados esperados. El reporte debe responder a una o más de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo las libertades y coyunturas políticas sobre el uso y desarrollo de los servicios con cifrado han impactado los derechos -positiva o negativamente- en el país seleccionado para el estudio en los países latinoamericanos, incluyendo políticas públicas, normativas, decisiones judiciales, proyectos de ley, campañas, procedimientos investigaciones y/o otras acciones y tecnologías operadas por entidades privadas y/o gubernamentales?
• ¿Cómo ha sido importante el uso del cifrado para fortalecer derechos, como la privacidad, la protección de datos y la libertad de expresión, en el ámbito del trabajo de la sociedad civil?
• ¿Cómo ha sido el cifrado una característica clave para garantizar la seguridad de las comunicaciones y los datos personales en el contexto de Covid-19?

4. Selección de autores

Los autores serán seleccionados antes del 19 de octubre de 2022. Después de la selección, los participantes tendrán hasta el 20 de noviembre para escribir y enviar el primer borrador de sus reportes.

Entre los criterios utilizados para la selección se encuentran:

• Consistencia de la propuesta;
• El contexto e importancia para el estado político, legal y tecnológico actual;
• Su originalidad y cómo impactará positivamente las acciones de investigación, promoción y desarrollo tecnológico en la región;
• Número de propuestas recibidas por un mismo país (no es posible publicar un número desproporcionado de informes de un mismo país).

Recomendamos que los autores consulten ampliamente con otras organizaciones de la sociedad civil mientras hacen aportes para sus reportes para que sus puntos de vista y perspectivas puedan reflejarse en el proceso de elaboración del reporte. En determinadas circunstancias, podemos aceptar presentaciones de autores principales que no residan en un país sobre el que deseen escribir, como presentaciones de personas en contextos políticos delicados o autores que tengan experiencia comprobada de primera mano en un país en particular. Del mismo modo, los relatores principales también pueden querer que participen coautores ubicados en otras regiones.

Las propuestas deben contener al menos un título, justificación, metodología y objetivos, y deben contener entre 300 y 600 palabras, y pueden ser adaptadas con base a los comentarios y sugerencias de seguimiento del comité de evaluación, formado por miembros de IP.rec y Derechos Digitales.

5. Desarrollo

Los reportes finales deben estar escritos en español o portugués, teniendo una estructura que incluya una introducción y antecedentes; metodología; cuerpo del reporte; y recomendaciones, y debe contener entre 2.000 y 3.000 palabras.

Una vez enviado, su reporte será editado, comentado y devuelto a los autores para aclaraciones o respuestas a los comentarios editoriales. Para garantizar la coherencia en la calidad de los reportes publicados, los comentarios editoriales suelen ser sustanciales, por lo que los autores deben asignar el tiempo adecuado para responder a las preguntas y los cambios necesarios. Una vez finalizado, el reporte se enviará para su revisión. Una vez aceptado el reporte final, los relatores recibirán un apoyo de 700 USD (setecientos dólares americanos).

6. Publicación

A la publicación del reporte regional le seguirá un evento temático con la participación del equipo de coordinación y otras organizaciones invitadas, así como representantes de AC-LAC y relatores que estén dispuestos a presentar los resultados de los reportes nacionales. También está programada una sesión de publicación del resumen ejecutivo del reporte regional el día cero del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 2022 con sede en Etiopía, que se llevará a cabo de manera híbrida. La organización de eventos será ampliamente difundida en las redes de organizaciones involucradas en la ejecución del proyecto.

7. Línea de tiempo

Todo el proceso de elaboración del reporte regional durará alrededor de 5 meses, distribuidos de la siguiente manera:

• Apertura de convocatoria: 26 de septiembre de 2022
• Fecha límite de recepción de propuestas: 12 de octubre de 2022;
• Respuesta de aceptación: 19 de octubre de 2022;
• Desarrollo de los reportes: del 19 de octubre al 20 de noviembre, con posibles reuniones de seguimiento, con los relatores, entre el 11 y el 14 de noviembre;
• Presentación de los reportes preliminares en el Foro de Gobernanza de Internet 2022 (en fecha a definir por los organizadores del evento);
• Ediciones por el comité de evaluación: 20 de noviembre al 11 de diciembre;
• Entrega de versiones finales: 06 de enero;
• Reunión de clausura del Comité de Evaluación: 18 de enero;
• Publicación: hasta el 28 de febrero.

Apéndice – Posibles puntos de partida para los reportes

El comité evaluador considera relevantes una variedad de temas que inciden positiva o negativamente en el uso y/o desarrollo del cifrado en los países de la región, considerando además temas adyacentes que reflejan cómo los derechos relacionados con el cifrado son impactados por acciones de la sociedad civil, procedimientos gubernamentales y normas, trabajos científicos y de desarrollo, o servicios ofrecidos por el sector privado. Puede implicar (y no limitarse a):

• Conjuntos normativos, incluidos proyectos de ley y procedimientos administrativos, que promuevan o limiten el potencial de uso de servicios criptográficos en el país;
• Resoluciones judiciales que aseguren o violen el uso de servicios criptográficos en el país;
• Tensiones políticas que amenazan la seguridad de criptoanalistas, criptógrafos, profesionales de la seguridad informática y “pentest”;
• Casos de vigilancia gubernamental mediante la explotación de vulnerabilidades en sistemas de encriptación (hacking);
• Incidentes de seguridad que involucren actores públicos o privados cuyo protocolo de encriptación haya sido violado o no haya sido suficientemente implementado;
• Estudios de casos sobre iniciativas sociales, políticas y tecnológicas de la sociedad civil o académicos que promuevan/defiendan el uso del cifrado;
• Impactos concretos percibidos en el país ante la limitación o expansión de los recursos criptográficos a nivel internacional.

Institucional